En lo que va de enero, se registraron violentos casos de maltrato animal, uno de los cuales tuvo un impacto nacional: el caso de Topo, que fue brutalmente asesinado. Estos hechos generaron un profundo rechazo y angustia en los sanjuaninos, quienes no podían creer la magnitud de la violencia sufrida por los animales.

El caso de Topo fue particularmente desgarrador, y su brutal asesinato despertó una ola de indignación que trascendió las fronteras de la provincia. Sin embargo, los casos no se limitaron a él. Uno de los incidentes más recientes ocurrió cuando un perro fue agredido violentamente por individuos aún no identificados. La violencia con la que fue tratado el animal causó gran consternación entre la comunidad, que nuevamente se vio conmocionada por la crueldad.

En un contexto de creciente indignación, los recientes casos de maltrato animal en San Juan no pasaron desapercibidos. Las redes sociales se inundaron de reacciones de rechazo, los escraches a los responsables se multiplicaron y las marchas públicas comenzaron a ser una de las pocas respuestas visibles de la comunidad ante una realidad cada vez más alarmante. Sin embargo, para los proteccionistas de animales, estas acciones no son suficientes. La sensación de impotencia es palpable, y el llamado más fuerte es claro: las penas para quienes maltratan a los animales deben ser más severas.

En respuesta a la creciente preocupación por los casos de maltrato animal que han sacudido a San Juan, el abogado Adolfo López Martí, en colaboración con la proteccionista Emilia Merino, está trabajando en un proyecto de ley que podría cambiar el panorama de la legislación provincial.

El abogado López Martí indicó a Diario La Provincia SJ: “Estamos trabajando en modificar la ley, especialmente en lo que respecta a las sanciones. Queremos agregar aspectos relacionados con la crueldad y el maltrato, pero en definitiva, el objetivo es endurecer las penas. La idea es que sea complementaria al Código de Faltas de la Ley Nº 2005-L, elevando las penas y agregando nuevas sanciones. Por ejemplo, multas, trabajo de utilidad pública y arrestos en caso de que no se cumpla con el pago de la multa o el trabajo comunitario. Lo ideal sería que se apruebe la Ley Conan, ya que elevaría las penas y ampliaría muchos aspectos que la ley actual de maltrato no contempla, ya que esta última ha quedado desactualizada con el tiempo. Antes no existía la cantidad ni la forma de maltrato que hay actualmente.”

En cuanto al trabajo, detalló que tiene pensado crear un registro de maltratadores, “donde el juzgado remita información a Medio Ambiente, notificando que esa persona fue condenada por maltrato y crueldad según la Ley Nº 2005-L”. En este sentido, explicó que se mantendría un registro de los infractores, permitiendo conocer los actos de maltrato cometidos, y esta información formaría parte de una base de datos pública. “No se les permitirá tener animales, como una forma de disuadirlos de realizar este tipo de actos”, subrayó.

El objetivo principal es reformar, elevar las penas y agregar nuevas sanciones ante actos de crueldad o maltrato animal. “Uno de los puntos fundamentales sería incluir casos de abuso sexual hacia los animales. Existen situaciones de maltrato como golpes o patadas, pero también hay casos en los que los animales son realmente dañados, lesionados, torturados y maltratados. Esto es grave. Está ocurriendo y es parte de una epidemia de violencia contra los animales”, explicó. Además, el abogado señaló que en cada proceso penal siempre busca identificar si hay otros delitos involucrados, no limitándose solo al maltrato. “Si se encuentran uno o dos delitos adicionales, se complica la situación procesal del imputado”, subrayó.

Luego, agregó: “Sí, la ley provincial regula, pero no tiene la parte punitiva tan severa como la ley penal. Actualmente, puede imponer multas, trabajos de utilidad pública y convertir la sanción en arresto. Pero no se puede hacer mucho más que eso”. En este contexto, destacó la importancia de contar con un registro de infractores y maltratadores, sugiriendo que se agreguen algunas faltas que la ley actual tal vez no contemple. También propuso la recuperación de la figura del “perro comunitario”, es decir, un animal que es cuidado por un grupo de personas en un determinado lugar, a quienes les brindan agua y alimento. “Esa figura me gustaría que volviera porque le otorga un marco de protección al animal”, concluyó.

Ante estos casos de maltrato y rescate de animales, señaló: “La Subsecretaría de Medio Ambiente, si bien colabora en cierta medida con las castraciones, debe involucrarse más en estos casos. Tienen los recursos y colaboran con el juzgado, pero no lo hacen lo suficiente”.

El dato

El profesional indicó que la Ley de Prohibición de Carrera de Galgos debería incorporarse dentro de la Ley Nº 2005-L, agregando un apartado específico. Además, propuso que la autoridad encargada de la aplicación de la ley sea la Secretaría de Medio Ambiente, que trabajaría en conjunto con la Policía Ecológica para ejercer el control.

Por otro lado, destacó la necesidad de crear una unidad fiscal especializada en la investigación de delitos ambientales, tráfico de animales y maltrato.