La implementación de la catarata de aranceles que Donald Trump impuso a todo el mundo, especialmente a China y buena parte de socios comerciales de Estados Unidos, cayó este jueves en un limbo por una serie de órdenes y contraórdenes judiciales que sumerge a los importadores y al comercio global en una pesadilla de confusión e incertidumbre.

Por un lado, dos tribunales obligaron a la Casa Blanca a frenar los aranceles porque consideró que el presidente se excede en sus poderes, pero luego una corte federal de apelaciones anuló uno de esos fallos y acordó preservar temporalmente muchos de esos gravámenes. Las dos resoluciones —detener los aranceles y luego suspender esa decisión— se produjeron en menos de 24 horas, un torbellino que añade caos a la política económica de Trump.

Desde que asumió el cargo, Trump ha confiado en una ley federal de poderes de emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) como sustento para llevar a cabo su radical política arancelaria, que estableció impuestos a las importaciones a todo el mundo –en algunos casos extremadamente altos– para obligar a los gobiernos a hacer concesiones comerciales.

El miércoles por la noche, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos asestó un golpe a esa estrategia. El panel bipartidista de jueces, uno de los cuales había sido designado por el propio Trump, dictaminó que la ley no otorgaba al presidente “autoridad ilimitada” para imponer aranceles a casi todos los países, como hizo Trump.

Como resultado, los aranceles del presidente fueron declarados ilegales y el tribunal ordenó detener su cobro dentro de los próximos 10 días.

El gobierno pidió rápidamente al tribunal comercial que detuviera la aplicación de su orden mientras ascendía el caso al Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal, donde buscó ayuda de emergencia. En una decisión festejada por la Casa Blanca, este tribunal finalmente aceptó la petición oficial y ganó tiempo para que se considerara una demora más larga, mientras Trump busca un fallo definitivo –posiblemente en la Corte Suprema—para intentar salvaguardar una de las herramientas más potentes en su guerra comercial global.

En la apelación, el Departamento de Justicia dijo que la nueva orden que invalida los amplios poderes comerciales de Trump está “plagada de errores legales”. El gobierno advirtió que ese freno obstaculizaría los esfuerzos de Trump “para eliminar nuestro explosivo déficit comercial y reorientar la economía global en igualdad de condiciones”.

El tribunal de apelaciones finalmente intervino, y aunque no se pronunció directamente sobre la solicitud del gobierno o si eran legales los aranceles de Trump, evitó al menos temporalmente que el presidente tuviera que frenar los gravámenes que ha utilizado como arma política en docenas de negociaciones comerciales.

O sea que por ahora Trump podrá mantener muchos de los aranceles que ha impuesto a China, Canadá y México y preservar la amenaza de tasas “recíprocas”, que anunció a la mayoría de las naciones y luego suspendió a principios de abril. Pero no es la última palabra en la batalla legal, que se espera que llegue al máximo tribunal, de mayoría conservadora.

“La Corte Suprema debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y nuestro país”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca en su conferencia de prensa y atacó a los jueces por haber “abusado descaradamente de su poder judicial”.

Pero la guerra judicial no para y tiene más complejidades. Porque justo antes de que Leavitt hablara, un juez federal en un caso separado ordenó otra suspensión temporal de varios de los aranceles de Trump, al fallar a favor de una compañía de juguetes educativos en Illinois, cuyos abogados le dijeron a la corte que fue perjudicada por las acciones de Trump.

Las compañías de juguetes, que importan desde China, Taiwán, Corea del sur, Vietnam e India, dicen que sobrevivieron al COVID-19, pero que los aranceles podrían matarlas. Argumentaron que el Congreso nunca autorizó al presidente a imponer enormes aranceles por su cuenta. “Esa carga aplastante se siente de manera más inmediata y aguda en las pequeñas y medianas empresas de este país, incluidos los demandantes”, dicen los importadores en la presentación.

Rudolph Contreras, el juez de distrito que preside el caso, concluyó que la ley de poderes económicos “no es una ley que establezca tarifas”, aunque limitó la medida cautelar por los próximos 14 días. Más tarde, la administración Trump dijo que también planea apelar ese fallo.

La serie de decisiones judiciales complica la estrategia del gobierno, que buscaba llegar a 90 acuerdos comerciales con distintos países en 90 días, algo que está muy lejos de cumplirse.

“Si este tribunal limita esa autoridad, las contrapartes extranjeras tendrán menos incentivos para llegar a acuerdos significativos, lo que resultará en el statu quo que condujo a la emergencia nacional”, dijo Howard Lutnick, secretario de Comercio, en una declaración presentada ante el tribunal comercial la semana pasada.

El jueves por la mañana, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, minimizó las consecuencias del fallo judicial, calificándolo como uno de los pocos “pequeños contratiempos aquí y allá”. Dijo que el presidente tenía otras herramientas legales para imponer aranceles fuera de la ley de emergencia económica, aunque señaló que la administración “no planea perseguirlas en este momento”.

“Ciertamente no va a afectar las negociaciones. Porque, al final, la gente sabe que el presidente Trump es 100 por ciento serio, y también han visto que el presidente Trump siempre gana”, dijo.

Más allá de las palabras optimistas, la maraña judicial que ya complica los aranceles pone en alerta el futuro de la política comercial. Más de una docena de países –incluida la Argentina– negocian con el gobierno, que exige que otras naciones reduzcan sus impuestos y restricciones a los productos fabricados en Estados Unidos a cambio de una reducción en los aranceles. ¿Por qué los países negociarían para evitar una amenaza que ahora ha sido declarada ilegal?, se preguntan los expertos.

Ninguna de las demandas que se han decidido contra el presidente complica a los otros aranceles de Trump, que se emiten bajo el paraguas de la seguridad nacional. Estos incluyen sus gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles, así como otros aranceles con los que el presidente ha amenazado con productos farmacéuticos, semiconductores y otros productos críticos.

Los aranceles de Trump son los más altos desde la Gran Depresión. Pero incluso con la reducción de los gravámenes a China (de un exorbitante 145% al 30%), el Laboratorio de Presupuesto de Yale informó que el costo de la guerra comercial de Trump será alto: el aumento de precios reducirá el poder adquisitivo del hogar promedio de EE.UU. en 2.800 dólares.

Los precios del calzado subirán un 15% y de la ropa un 14%. Los impuestos a las importaciones reducirán 0,7 puntos porcentuales el crecimiento económico de Estados Unidos este año y aumentarán la tasa de desempleo —actualmente en un 4,2%— en casi 0,4 puntos porcentuales, estiman en Yale.