El Supremo Tribunal de Brasil ordenó arresto domiciliario para el ex presidente Jair Bolsonaro por presunto plan golpista.

“La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, dijo el magistrado Alexandre de Moraes en un documento consultado por la AFP.

La orden judicial ocurre un día después de que figuras cercanas a Bolsonaro publicaran imágenes suyas en redes sociales, en violación de las medidas ordenadas por la corte suprema, durante una jornada de manifestaciones en apoyo al expresidente.

“Actuando ilegalmente, el acusado Jair Bolsonaro se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, Río de Janeiro, produciendo intencional y conscientemente material prefabricado para que sus partidarios siguieran presionando al Tribunal Supremo y obstruyendo la justicia”, sostiene el juez.

“Su llamada telefónica con su hijo, Flávio, fue publicada en Instagram”, agregó el magistrado en su orden de detención.

En su fallo, Alexandre de Moraes declara que el poder judicial no permitirá que Bolsonaro “trate al país como un tonto”, un día después de que aliados cercanos del expresidente ultraderechista publicaran imágenes suyas en redes sociales, desafiando la prohibición impuesta por Moraes.

El juez determinó la incautación de los celulares de Bolsonaro, que a su juicio fueron utilizados para violar las medidas cautelares y ordenó nuevas restricciones para el expresidente, que no podrá recibir visitas, salvo las de sus abogados o de personas previamente autoridades por la Corte, ni usar celulares.

Los fiscales acusan a Bolsonaro de encabezar una organización criminal que conspiró para anular las elecciones, con planes para asesinar al presidente Lula y a un juez del Supremo Tribunal Federal.

El mes pasado, el máximo tribunal ordenó a Bolsonaro usar una tobillera de rastreo e impuso límites a sus actividades mientras se llevan a cabo los procedimientos.

El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles de San Pablo para protestar contra el gobierno del presidente Lula Da Silva y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Ondeando banderas estadounidenses y sosteniendo pancartas con la leyenda “SOS Trump”, los manifestantes apoyaron a Donald Trump después de que admitiera haber impuesto aranceles del 50 % a Brasil por procesar a su aliado, Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder.

Hace dos semanas, la Corte determinó que Bolsonaro debía llevar una tobillera electrónica en el tobillo por orden del Supremo Tribunal Federal, donde está siendo juzgado por supuestamente orquestar un complot golpista para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022.

El caso recibió renovada atención después que el presidente estadounidense Donald Trump vinculara directamente un arancel del 50% sobre los bienes importados de Brasil con la situación judicial de Bolsonaro, a la que Trump calificó de “cacería de brujas”.

La orden del Supremo Tribunal para que Bolsonaro use un monitor en el tobillo, entre otras restricciones, se dio luego que la Policía Federal y los fiscales resaltaran las altas posibilidades de que Bolsonaro intente darse a la fuga. Las autoridades, citando múltiples publicaciones en redes sociales, también acusaron a Bolsonaro de trabajar con su hijo Eduardo para incitar a Estados Unidos a interferir en el juicio e imponer sanciones contra funcionarios brasileños.

Bolsonaro y su familia son responsables de promover una “interferencia extranjera” a la soberanía de Brasil, que llevó a la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos brasileños por el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann.

La ministra de la Presidencia de Brasil expresó lo anterior en el marco de la clausura del 17º Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), realizada en la ciudad de Brasilia.

La fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, intentar llevar a cabo un golpe de Estado e intentar la abolición violenta del estado de derecho democrático, daño agravado y deterioro de sitios patrimoniales listados.

Una investigación de la policía federal colocó a Bolsonaro en la cima de una organización criminal que había estado activa al menos desde 2021. La policía señala que tras la derrota de Bolsonaro ante Lula, la organización conspiró para revertir el resultado electoral.

Parte de ese complot incluía un plan para asesinar a Lula y a un juez del Supremo Tribunal Federal, según alega la fiscalía. También afirma que el motín del 8 de enero, cuando los seguidores de Bolsonaro saquearon los principales edificios gubernamentales una semana después que Lula asumiera el cargo, fue un intento de forzar la intervención militar y derrocar al nuevo presidente.